Los límites de la confusión.- Soledad Gallego-Díaz.- El País.
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta Fernández de la Vega se esforzaron ayer en asegurar a los ciudadanos que la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada esta semana por el Parlamento europeo “no afecta a la legislación española”. Es una afirmación francamente sorprendente porque hasta ahora los que sabemos algo de la UE habíamos creído que los Estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias, bien mediante leyes nacionales, bien mediante normas reglamentarias. Creíamos que una cosa era que las directivas no tuvieran aplicación directa y otra que no tuvieran consecuencias legales.
En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos “hasta 18 meses”, la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación “hasta” los 18 meses mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende “ordenar” la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel. solg@elpais.es
